¿Qué es Òmnium Cultural?

Òmnium Cultural es una entidad sin ánimo de lucro que tiene más de 125.000 socios y 57 años de historia. Nacida el 11 de julio de 1961, en el punto álgido de los 40 años de dictadura franquista, Òmnium Cultural surgió para combatir la censura y la persecución de cultura catalana y llenar el agujero dejado por las instituciones políticas y civiles de Cataluña prohibidas por la dictadura.

Òmnium Cultural fue clausurada por el régimen franquista entre 1963 y 1967, pero continuó trabajando desde París y clandestinamente para defender y promover la lengua y la cultura del país. Con el paso de los años, Òmnium Cultural se ha convertido en una de las entidades de referencia de la sociedad civil catalana.

Actualmente, Òmnium Cultural es una de las principales entidades sin ánimo de lucro del Estado español y una de las organizaciones culturales más relevantes a nivel europeo. En Cataluña, Òmnium es sin duda un pilar de la promoción de la cultura y la lengua y un actor clave en la defensa de los derechos humanos y civiles, con una creciente implicación a nivel europeo y mundial.

Desde el 2010, Òmnium Cultural es la entidad que ha impulsado las movilizaciones pacíficas más masivas de Europa, junto con la Assemblea Nacional Catalana (ANC), a favor del derecho de los catalanes a elegir democrática y libremente su futuro político a través de un referéndum de autodeterminación.

Òmnium Cultural se financia al 99% con las cuotas y aportaciones de sus socios y solo el 1% proviene de convenios con la administración pública para proyectos culturales finalistas. El presupuesto de la entidad para el 2018 es ligeramente superior a los siete millones de euros, con 44 sedes territoriales y una plantilla de 90 trabajadores.

¿Quién es Jordi Cuixart?

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, es un empresario y activista catalán de 43 años.

Desde el 16 de octubre de 2017, Cuixart está en prisión preventiva y sin fecha de juicio, por orden de la Audiencia Nacional española. Procesado por rebelión por el Tribunal Supremo, con acusaciones de la Fiscalía, la abogacía del estado, y el partido de extrema derecha VOX, puede enfrentarse a una pena de 30 años de prisión. Cuixart está en prisión por haber ejercido derechos básicos como el derecho de manifestación y el derecho a la libertad de expresión en defensa del referéndum catalán del 1 de octubre de 2017.

Jordi Cuixart ha estado implicado en el mundo asociativo y la transformación social desde muy joven y es socio y colaborador de decenas de entidades y proyectos en Cataluña. También es conocido su compromiso en la defensa de los derechos humanos alrededor del mundo, motivo por el cual hace años que es miembro de Amnistía Internacional y fue a visitar el campamento de refugiados de Vasiliki, en Grecia, en el verano de 2016, entre otros. Su militancia pacifista le llevó a negarse a hacer el servicio militar.

En el año 2015 se convirtió en el décimo presidente de Òmnium Cultural por su compromiso con los valores de la entidad: la lengua y la cultura, la cohesión social, la educación, y el derecho a la autodeterminación. En junio de 2018, coincidiendo con los ocho meses en prisión, fue reelegido presidente en la asamblea general más masiva de la historia de la entidad. Es socio de Òmnium desde 1996.

Cuixart comenzó a trabajar en una fábrica cuando tenía 16 años y en 2003, cuando tenía 28, creó su propia empresa, Aranow, especializada en la fabricación de maquinaria de envasado y embalaje, que exporta el 90% de la producción alrededor del mundo.

Cuixart vive en Barcelona y tiene un hijo pequeño con la periodista Txell Bonet. Hijo de familia humilde y trabajadora, Cuixart siempre ha defendido que el hecho migratorio es estructural y una riqueza social para Cataluña. En su casa sus padres hablan castellano, porque su madre llegó de la región española de Murcia en los años 60.

¿Por qué está en prisión Jordi Cuixart?

Después dieciocho intentos fallidos de llegar a un acuerdo con el Gobierno español sobre un referéndum de autodeterminación pactado, Cataluña votó sobre su futuro político el día 1 de octubre de 2017. A pesar de los precedentes de Quebec o Escocia y que en Cataluña hay un 80% de la población que reclama un referéndum, este recibió la oposición frontal del Gobierno de Mariano Rajoy y la prohibición del Tribunal Constitucional español. Los cuerpos policiales españoles, desplazados desde hacía semanas a Cataluña, actuaron durante toda la jornada con una violencia que dejó 1.066 heridos, consternó al mundo y que organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch no dudaron en calificar de excesiva. El Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU y el Consejo de Europa han pedido una investigación imparcial y efectiva sobre esta actuación.

Los días previos al referéndum hubo múltiples registros, detenciones, e incautaciones de material de campaña y votación, además de ataques continuos a la libertad de prensa con registros policiales sin órdenes judiciales en las redacciones de diarios y el cierre de webs sin previo aviso.

Òmnium Cultural, que puso en marcha una campaña de apoyo al referéndum llamada “Crida per la Democràcia”, también sufrió el cierre de la web y el secuestro de una revista. A pesar de este clima hostil, con ataques cibernéticos y la incautación de decenas de urnas y miles de papeletas, al final del día 1 de octubre se contabilizaron más de 2.2 millones de votos, un 43% del censo, con un resultado claramente favorable a la independencia (90%). La posterior declaración formal de independencia por parte del Parlamento de Cataluña estuvo seguida de una dura oleada represiva por parte del Gobierno español, que suspendió de facto la autonomía catalana, cesó el gobierno de Cataluña y centenares de cargos públicos, y convocó nuevas elecciones. La sede de Òmnium Cultural fue registrada dos veces por la Guardia Civil española.

La contradicción de una rebelión no violenta

En el ámbito judicial, con miles de personas y cargos públicos encausados por haber prestado apoyo al referéndum, los primeros en ser encarcelados por orden de la Audiencia Nacional fueron los líderes de las dos grandes organizaciones de la sociedad civil catalana, Jordi Cuixart (presidente de la entidad cultural Òmnium Cultural) y Jordi Sánchez (presidente de la Assemblea Nacional de Catalunya), el día 16 de octubre de 2017. Esta orden de prisión ha estado posteriormente mantenida por el Tribunal Supremo. La acusación inicial de rebelión fue por haber “promovido” las manifestaciones delante de la sede de la Consejería de Economía durante el registro que hizo la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017, obviando el libre derecho de manifestación y su rol de pacificadores durante todo el día.

A Sánchez y Cuixart les siguieron siete personas más, que incluyen el que había sido vicepresidente del gobierno, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, además de otros miembros del gobierno catalán. A pesar de la inexistencia de violencia, sin la cual no puede existir la rebelión, a todos ellos se les acusa de este delito.

Además, tres otros miembros del Gobierno Catalán (Carles Mundó, Meritxell Borrás, y Santi Vila) están acusados de desobediencia y malversación, y otra diputada (Mireia Boya) y cinco miembros de la Mesa del Parlamento Catalán (Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet) están acusados de desobediencia.

La politización del juicio, que podría comenzar a principios del 2019, parece inevitable. La Audiencia Nacional, que es la que decretó la prisión preventiva, es heredera directa de los tribunales de excepción del franquismo, ampliamente cuestionada por los organismos de defensa de los derechos humanos. La acusación de rebelión, a parte de la Fiscalía y la abogacía del Estado, lo ejerce un partido de extrema derecha como VOX, que mantiene lazos con el Front National de Francia, la AfD de Alemania, y el supremacismo de Bannon en los Estados Unidos.

Para evitar la prisión, el presidente Carles Puigdemont se exilió a Bélgica con tres ex-consejeros, mientras otra decidía ir a Escocia. En Suiza hay dos ex-diputadas que también se han marchado al exilio bajo la amenaza de acabar entre rejas. En total, pues, hay nueve personas en prisión y siete en el exilio en relación al referéndum del 1 de octubre. Últimamente se les ha añadido el cantante mallorquín Valtonyc, condenado a prisión por las letras de sus canciones.

Òmnium Cultural ha mantenido su rol de agente movilizador coorganizando acciones y movilizaciones pacíficas a favor de los presos políticos y los exiliados.

Los intentos de extradición fracasan

Hasta ahora, las peticiones españolas de extradición de los exiliados han fracasado y han dejado en evidencia la disparidad de criterios a la hora de valorar los supuestos crímenes. La justicia belga dejó en libertad sin fianza a los consejeros catalanes y se negó a entregarlos a las autoridades españolas alegando un defecto de forma e irregularidades en la petición de entrega. Todos los tribunales europeos (de Alemania, del Reino Unido, y de Bélgica) acordaron la libertad de los exiliados.

Ante este escenario, en el cual tan solo era viable la extradición por malversación de fondos, el juez Llarena decidió retirar las euroordenes, en una decisión que ponía en evidencia el sistema judicial español.

Todos estos hechos se enmarcan en un escenario de clara regresión de los derechos civiles y colectivos más básicos en el estado español, especialmente grave en Cataluña y que Òmnium denuncia de manera directa con su campaña “Mañana puedes ser tú”, iniciativa impulsada con las organizaciones de derechos humanos catalanas que tiene como objetivo denunciar los efectos de la Ley de Seguridad Ciudadana, mejor conocida como la Ley Mordaza, que ya lleva más de 20.000 represaliados desde su aprobación en 2015. A día de hoy se persigue a actores, cantantes, y titiriteros, se inhabilita a alcaldes, se cierran páginas web sin aviso previo y se secuestran publicaciones, acciones que son indignas de una democracia europea consolidada. Alrededor del mundo se han alzado voces críticas con estas actuaciones y actitudes, desde Amnistía Internacional hasta diversos Premios Nobel de la Paz, que lamentan que el estado español apueste por la vía de la represión y la violación de derechos humanos y civiles para afrontar un problema político, en lugar del diálogo y la negociación.

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